A través del devenir histórico social, fueron muchos los esfuerzos realizados por salvadoreños visionarios que, luego de la consecución de la tan anhelada vida independiente y soberana, que solo se consigue hasta el año de 1841, logran concebir la idea de crear un Colegio y una universidad. Es así que, por Decreto del 16 de febrero de ese mismo año, se consigna jurídicamente lo que podría considerarse como el acta de nacimiento de nuestra alma Mater.

Los fundamentos de la creación de estas instituciones educativas, podrían circunscribirse a razones de tipo económicas, al resultar demasiado oneroso, tener que viajar hasta la Real y Pontificia Universidad de San Carlos o a la prestigiosa Universidad de León, para que los salvadoreños pudieran instruirse; o podrían situarse en razones de tipo políticas, ya que saltaba a la luz, la necesidad de separarse de los centros de hegemonía establecidos por el imperio español, que no solo se extendían al dominio económico, jurídico, político y militar, sino también, al campo cultural y educativo. Amén de las influencias políticas que ejercieron en nuestros países, las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, emanadas de la Revolución francesa y las ideas libertarias de la declaración de independencia de los Estados Unidos, entre otros acontecimientos de la época.

De acuerdo a las fuentes históricas consultadas al efecto, muy limitadas por cierto, no se puede desprender del decreto de creación de la universidad, la creación de la Facultad de Jurisprudencia, como algunos, con muy buenas intenciones, lo han querido interpretar. De hecho, el mencionado decreto no se pudo llevar a la práctica sino hasta el mes de octubre de 1841, cuando se instaló el Colegio que llevaría el nombre de “La Asunción”, en donde se formarían los primeros bachilleres, sin los cuales, no hubiera sido posible la enseñanza propiamente universitaria.

Lo afirmado anteriormente, se puede colegir del discurso del Secretario de la Universidad y Colegio de la Asunción, Dr. Darío González, de fecha 22 de enero de 1865 , al sostener que en los primeros años: “no se enseñó más que la lengua latina, siendo profesores los señores presbíteros Salazar y Monterrey (...)”. Adviértase que no había indicios de enseñanza universitaria, concebida ésta, como estudios superiores y, mucho menos, la conformación de una Facultad que tuviese a su cargo la enseñanza del derecho. No existía una concepción de educación superior, sino más bien, una concepción de educación media y secundaria, en un claustro académico que en nada se distinguiría de un monasterio, muy alejada de una enseñanza que promoviera la libertad de pensamiento, debido a la excesiva influencia de la religión.

Lo que si podemos afirmar es la existencia legal, aunque de carácter formal, de un cierto ente educativo llamado universidad. Esto se desprende del tenor literal del decreto antes mencionado, Art.1: “se establece en esta ciudad una Universidad y un Colegio de educación (…)”. De igual forma, el Art. 10 del mismo decreto expresaba: “Todos los doctores, licenciados y bachilleres vecinos del Estado son miembros natos de la Universidad, y tendrán asiento en el Claustro cuando se hallen en la capital; podrán establecer donde quiera la enseñanza de sus respectivas profesiones bajo la inspección de la Junta Directiva (…)

Agregado a lo anterior, el Decreto Legislativo del 16 de febrero de 1841, si bien estableció la obligación de instaurar las cátedras de Gramática Latina y Castellana, Filosofía y Moral, para dar inicio a los procesos de enseñanza; en realidad, fue hasta el 15 de mayo de 1843, que se designó legalmente al Dr. Eugenio Aguilar, como responsable de impartir la cátedra de filosofía.

Según el historiador, Miguel Ángel Durán, las primeras cátedras de derecho que se fundaron, fueron las de derecho civil y derecho canónico en el año de 1843 , las cuales fueron asignadas al Dr. Francisco Dueñas y al Pbro., y Dr. Isidro Menéndez.

El 11 de marzo de 1844, sin referirse específicamente a la educación universitaria, y teniendo como fundamentos: “que no hay una disposición fija que reglamente la manera en que deben optar a la abogacía los que pretendan ejercerla: que las disposiciones dadas hasta hoy han sido las de los institutos de la Universidad de Guatemala (…)” ., se decretaron en no más de cuatro artículos, los requerimientos para ser bachiller en leyes, abogado, y para ejercer la profesión en El Salvador.

Fue hasta el año de 1846, según datos aparecidos en “El Salvador Regenerado”, de fecha 6 de agosto de ese mismo año, dado por el Ministerio de Relaciones del Supremo Gobierno del Estado del Salvador que, precisamente, se puede considerar como punto de partida de la enseñanza del derecho a nivel de la educación universitaria: “El Supremo Gobierno teniendo presente: que se ha concluido el primer curso de Filosofía que se ha leído en el Colegio de la Asunción de esta corte: que los jóvenes que lo cursaron han recibido los grados de Bachiller y desean continuar su carrera literaria, la cual se ha interrumpido por no estar establecidos las cátedras correspondientes: que por el artículo 1º del decreto de 19 de febrero de 1841, está facultado el Gobierno para ir estableciendo las cátedras que los progresos del Colegio y Universidad vayan haciendo necesarias, se ha servido acordar: 1º. Desde esta fecha en adelante se establece en la Universidad del Estado, una cátedra de derechos con la dotación de cuarenta pesos mensuales: 2º. En ella se enseñará el derecho natural, el romano, el civil español y patrio”…”se nombra como catedrático en propiedad con el sueldo designado en el artículo 1º. al Sr. Licenciado Francisco Dueñas (…)”.(El subrayado es nuestro).

En los estatutos de la universidad de los años 1847 y 1854, se reglamentaron por primera vez, lo que podría considerarse como Planes de Estudios más propios de una enseñanza superior que de una educación secundaria. Siendo así que, en el primero (1847), se reglamentó el estudio de la Filosofía, el Derecho Natural, Derecho Civil y Derecho Canónico; mientras por el segundo (1854), se reorganiza la universidad a través de secciones, encontrándose en la sección segunda, a la Facultad de Jurisprudencia –perfilada como tal, hasta 1850- con un Plan de Estudios que comprendía los siguientes cursos: Ciencias Morales y Políticas, Derecho Natural, Derecho de Gentes, Derecho Romano, Derecho Patrio, Practica Pastoral, y reglas de ambos derechos (natural y de gentes), Jurisprudencia Universal, Practica Forense, Economía Política, Derecho Público, Retórica y Bellas Artes.

Es preciso destacar que, para el estudio de la carrera universitaria de licenciatura y doctorado en derecho, era preciso haber obtenido el título de “bachiller en Jurisprudencia”; ocurriendo que a finales de la administración del Dr. Francisco Dueñas, se estableció la duración de la carrera de abogado en "siete años".

Según el Boletín No.4, publicado por nuestra Facultad en 1967, se advierte un dato histórico sumamente interesante, al destacar que el primer título expedido por nuestra alma mater, fue precisamente un “grado de leyes”, obtenido por el estudiante Andrés Dardón, de nacionalidad guatemalteca, quien por no haber sido admitido en la Universidad de San Carlos, solicitó su ingreso a la Universidad del Salvador, obteniendo en 1846, el grado de Bachiller en Jurisprudencia . Se puede leer, además, en el boletín antes referido que, de los primeros 22 alumnos que estudiaron en la Universidad, se graduaron un total de 11 en el ejercicio de la abogacía, cuyos nombres aparecen luminosos en la historia de este noble ejercicio profesional. La lista es la siguiente: José Inés Alvarado, Juan Bosque, Felipe Barrientos, Miguel Brioso, Juan J. Cañas, Juan Antonio Ceballos, José Flamenco, Luis Fernández, Tomás Mónchez, Manuel Olivares y José Presentación Trigueros.

El 14 de julio de 1850, según el historiador, Miguel Ángel Durán, se graduaron: 19 en leyes, 1 en cánones, dos recibimientos de abogados y una incorporación en derecho . En estas fechas, la enseñanza del derecho contaba con los cursos siguientes: Derecho Civil, Derecho Canónico, Derecho natural, y leyes patrias.

Por resolución del Poder Ejecutivo del 19 de octubre de 1880, se crea la Facultad de Derecho, con la denominación de “Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales, con la responsabilidad de administrar la carrera de Ciencias Jurídicas. Esta última denominación se mantendría hasta 1918, año en el que se modifica por la denominación actual de Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.

Los documentos existentes en poder de la Administración Académica de nuestra Facultad, nos permiten conocer la evolución de los procesos de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Jurídicas, por medio de sus diferentes planes y programas de estudios, entre los que se cuentan: Plan 1929 (declarado equivalente al Plan 1946), Plan 1946, Plan 1954, Plan 1959 y sus reformas, Plan 1964, Plan 1970 y sus reformas, Plan 1973 y Plan 1980. Cabe también destacar que, el título otorgado por la Facultad, hasta mediados de la década del 70, a los graduados de derecho, fue precisamente el de: “Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales” y que de acuerdo al Plan de Estudios 1964, los aspirantes tenían la opción de decidir, si optaban por el Doctorado que duraba 14 ciclos y 7 años o por la Licenciatura que duraba únicamente 11 ciclos y 5 años y medio. De ahí que en la actualidad, conozcamos algunos profesionales del derecho que, a pesar de haber sido contemporáneos de su época de estudios universitarios, unos poseen el grado de “Doctor” y otros el grado de “Licenciado”.

A partir del año 1964, debido al desarrollo y complejidad de los procesos académico administrativos que demandaba la enseñanza-aprendizaje de las ciencias jurídicas, la Facultad se organiza en tres departamentos a saber: Derecho Privado, Derecho Penal y Ciencias Sociales y Políticas, éste último cambia su denominación en 1967, por el de Ciencias Políticas y Sociales, que aún conserva en la actualidad. En 1968, se crea el departamento de Derecho Público y se propone al Consejo Superior Universitario la creación de la carrera de Relaciones Internacionales, la cual fue aprobada hasta en el año de 1970 . Esta última carrera, aparece adscrita al Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, hasta que se crea el Departamento de Relaciones Internacionales en 1971.

La décadas de los 70 y 80, estuvieron signadas por la consigna de "estudio y lucha". En donde a los estudiantes de derecho, les tocó izar entre sus manos, por un lado, la bandera del estudio del derecho y la justicia, mientras por el otro, izaban la bandera total de la esperanza y la liberación, al incorporarse a las filas de las organizaciones político militares, en aras de conquistar las condiciones que propiciaran una sociedad más justa y democrática . Es así que, los Planes de Estudios de los 70 y 80, se caracterizaron por su fuerte componente socio jurídico.

El 26 de junio de 1980, al sufrir la universidad, una nueva intervención militar, las clases de la Facultad, se reiniciaron hasta el año de 1983, teniendo como aulas, las instalaciones de la Corte de Cuentas de la república. El Plan de Estudios vigente, continúo siendo el Plan 1980, con algunas variantes, sobre todo, en la carrera de Relaciones Internacionales que, en 1986, reformó su Plan de Estudios.

Hechos históricos de más reciente data, lo constituyen, el exilio que sufrió nuestra universidad, a partir de la intervención provocada por la ofensiva política militar del 11 de noviembre de 1989, en donde la Facultad, tuvo que instalarse de forma emergente –en los primeros meses de 1990, en el edificio Frida, ubicado en las cercanías de la Avenida España del centro de San Salvador. Este mismo lugar, también sirvió de campus temporal a los estudiantes de derecho, en el exilio voluntario provocado por la reconstrucción de los edificios del alma mater, en el marco de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el año 2002.

En 1992, se plantea un poderoso esfuerzo de reforma curricular, que rompe con el estudio tradicional por asignaturas, trascendiendo hacia formas innovadoras en la enseñanza del derecho a partir de metodologías integradoras. Es así como, se sustituyen los Planes de Estudio 1980-1986, de las carreras de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales y, sus versiones reformadas, por un novedoso Plan de Estudios en el año de 1993.

A partir del año 1997, la Facultad se organizará de forma cualitativamente diferente, creando las escuelas de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales; la primera para administrar la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y, la segunda, para administrar la carrera de Relaciones Internacionales.

Finalmente, afirmar que, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, sigue izando las banderas de la justicia social y la libertad, como premisas necesarias para la generación y transformación del conocimiento en los procesos de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Jurídicas y las Relaciones Internaciones. Firmes en los fines educativo-formativos, muy a pesar del opio inmerso en las corrientes alienantes neoliberales de la educación, y a la poderosa competencia de las maquilas universitarias instaladas a lo largo y ancho de nuestro país; no cejaremos, en el noble y peligroso afán de formar profesionales comprometidos con las transformaciones sociales de nuestro país, solidarios, críticos, propositivos y proactivos; pero, sobre todo, con elevados valores éticos- morales, necesarios para la construcción de ese escurridizo Estado Social, Democrático y Constitucional de Derecho.